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Periódico Ámbito Jurídico
Legislativo modifica la Ley 1682 del 2013
Sancionan norma que acelera procesos de expropiación para obras públicas
La disposición, impulsada por los ministerios de Transporte y Vivienda, está encaminada a agilizar las obras de infraestructura.
Viernes, Enero 30, 2015
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Legislativo modifica la Ley 1682 del 2013

Con la expedición de la Ley 1742 de 2014, el Congreso de la República respaldó la iniciativa del Ejecutivo encaminada a optimizar la eficacia en la obtención de predios destinados para la ejecución de obras en proyectos de transporte, agua potable y saneamiento básico.

Así, desde el pasado 26 de diciembre empezaron a regir las modificaciones realizadas a la Ley de Infraestructura (L. 1682/13), calificadas por sus impulsores como necesarias para determinar parámetros justos y debidos a la hora de efectuar la orden de pago de aquellos bienes que son requeridos para el desarrollo de las obras públicas.

Con las novedades incorporadas, se pretende que todos los proyectos de infraestructura se diseñen y desarrollen con los más altos criterios de sostenibilidad ambiental y se encuentren sustentados en estudios que previamente determinen el verdadero impacto sobre los recursos naturales, de tal forma que se de cumplimiento a la totalidad de requisitos que impone la legislación colombiana.

Principales cambios

Dentro de los principales cambios, se destacan las variaciones en lo términos de la oferta sobre aquellos predios en donde se pretenda efectuar un proyecto, así como los determinados para iniciar el proceso de expropiación.

De acuerdo con la norma, se entenderá iniciada la etapa de negociación directa una vez se notifique la oferta al propietario o poseedor inscrito, quien contará con un término de 15 días hábiles para negociar. En ese sentido, también dispuso que si pasados 30 días hábiles después de la comunicación de la oferta no se ha llegado a un acuerdo formal, se dará inicio al proceso de expropiación del bien.

Además, los jueces deberán entregar los bienes inmuebles declarados de utilidad pública en un término de 10 días hábiles.

En lo que se refiere al precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria, se dictaminó que deberá ser igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones de acuerdo con los parámetros fijados por el IGAC.

En ese orden, la norma indica que el valor comercial deberá ser determinado bajo la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra, y en caso de no llegar a un acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será cancelado de forma previa, teniendo en cuenta el avalúo catastral, caso en el cual se reconocerá el daño emergente y el lucro cesante correspondiente.

Así mismo, se dispuso que para la ejecución y desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, la autoridad minera restringirá las actividades de exploración y explotación en la zona y no podrá otorgar nuevos derechos mineros que afecten el desarrollo del proyecto. 

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