Opinión & Análisis

opinión & Análisis del Observatorio Colombiano de Contratación Pública

  • Las regulaciones del procedimiento de contratación en los pliegos de condiciones: ¿una novedad en las previsiones de la ley 1882 de 2018?

    El artículo sostiene que el Estatuto de la Contratación Pública ya ha establecido la regulación mínima y las condiciones que deber regir el proceso de contratación de manera uniforme. A partir de lo anterior, cuestiona el carácter novedoso de los pliegos de condiciones tipo establecidos con el artículo cuarto de la Ley 1882 de 2018.

  • El mercado de compra pública y los mecanismos estatales de su regulación económica

    Este escrito pretende acercar las corrientes del derecho económico a la contratación estatal, tras validar que éste es un mercado de características especiales, sometido a regulación económica por el Estado, a través de múltiples mecanismos normativos, procedimentales y contractuales emitidos por varios órganos de la estructura orgánica del Estado. El fin último, es aportar en el diseño de un verdadero sistema de compra pública, coherente y estructurado, que atienda los principios económicos, sociales y ambientales reconocidos constitucional y legalmente.

  • Una oportunidad para los territorios

    El artículo expone los retos que supone la inclusión de las características propias de cada región y la promoción del empleo local en la estructuración de los pliegos de condiciones tipo. Igualmente, brinda ejemplos sobre posibles formas en que los documentos pueden incorporar el reconocimiento de proveedores locales.

  • Pliegos tipo: logro de una lucha de 10 años

    Los primeros antecedentes se dieron en el marco del convenio suscrito el 8 de octubre de 2007 entre el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Otro antecedente es el del Invías, que ha implementado desde el año 2010 el uso de los pliegos tipo, promoviendo la suscripción del pacto de transparencia con otras entidades del sector público.

  • Contratación con el Estado: Nuevas oportunidades para las Mipymes

    El artículo sostiene que condicionar la limitación de los procesos a que las Mipyme tengan su domicilio principal en el municipio o departamento de ejecución del contrato reduce injustificadamente su oportunidad de acceso al mercado público y no es acorde con el espíritu de la normativa que rige la materia. Una Mipyme nacional puede argumentar válidamente que cuenta con domicilio en el departamento de ejecución del contrato por el hecho de tener sucursal o agencia en dicho lugar.

  • La indebida exigencia de “domicilio principal” en el municipio o departamento de ejecución del contrato como mecanismo que restringe la participación de Mipymes en el sistema de compra pública

    El artículo sostiene que condicionar la limitación de los procesos a que las Mipyme tengan su domicilio principal en el municipio o departamento de ejecución del contrato reduce injustificdamente su oportunidad de acceso al mercado público y no es corde con el espíritu de la normativa que rige la materia. Una Mipyme nacional puede argumentar válidamente que cuenta con domicilio en el departamento de ejecución del contrato por el hecho de tener sucursal o agencia en dicho lugar