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www.portafolio.co
Ley de garantías acelera la contratación directa
Más de 624.000 registros en la modalidad de contratación directa, es decir, la que se prohíbe a partir del 25 de enero, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, reposan en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), de la agencia Colombia Compra Eficiente. Y eso que aún no se logra el registro en línea de todo lo que se contrata en el país.
Sábado, Octubre 18, 2014
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Imagen decorativa: megáfono anunciando contratación directa

De ese total, 13.196 se han suscrito del primero de enero a la fecha.

La contratación directa, aunque está avalada por la Ley, se ha convertido en la más utilizada en el país en todas las épocas, pero se vuelve el caballito de batalla antes de las elecciones. Las entidades de control consideran que es de alto riesgo para el manejo de los recursos públicos, pues se presta para adjudicar contratos ‘a dedo’ y, con ello, pagar favores políticos que faciliten la compra de votos.

Sin embargo, es vista por algunos como el combustible para dinamizar la economía en los primeros meses y activar proyectos que estaban a medio camino.

A ello se le agrega el problema que ha puesto sobre el tapete la contralora Sandra Morelli, según el cual, por la Ley de Garantías, se está haciendo mal uso de la planeación para ejecutar los dineros del Estado, pues la contratación se acumula en la antesala de la prohibición.

En efecto, la avalancha de firmas de contratos empezó hace un par de meses, porque en los territorios colombianos la llamada Ley de Garantías rige desde el pasado 9 de noviembre. La prohibición expresa para alcaldes y gobernadores es de celebración de convenios interadministrativos, una variante de la contratación directa.

Una revisión hecha por la Contraloría, que ya empieza a ver un alto riesgo en el incremento de la contratación directa, señala que esta tuvo un crecimiento en octubre, en comparación con el mismo mes del 2012, al pasar de 20 a 52 por ciento. El caso de los convenios interadministrativos es todavía más preocupante. Según el organismo, “los convenios interadministrativos representan un 79 por ciento del total, lo cual podría constituirse en un importante riesgo, si se tiene en cuenta el especial régimen que detentan en su contratación (son directos)”.

Dentro de los hallazgos se destaca que “el Ministerio de Transporte –en particular el Instituto Nacional de Vías– acude a los convenios interadministrativos en un 97 por ciento. También mantienen la misma tendencia entidades como Fonade y Planeación Nacional, y el Ministerio de Comercio en menor proporción”.