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Lecciones de la Historia sobre el arbitramento internacional en los contratos estatales (II)

El artículo analiza la constitucionalidad del TLC entre Colombia y Estados Unidos en lo referente al arbitramiento internacional.

24/07/2017

El TLC entre Colombia y USA se negoció y aprobó en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Pero a nuestro modo de ver este tratado presenta problemas de constitucionalidad que en nuestro país no se han comentado mucho. La primera de ellas hace referencia a la violación del deber estatal de administrar justicia, ya que el TLC consagra la renuncia del Estado a instrumentos nacionales de solución de conflictos, como los que emplea la jurisdicción contenciosa o los tribunales de arbitramento colombianos. La segunda porque se vulnera el principio de igualdad, ya que solamente son los inversionistas los que pueden demandar a los Estados, y en cambio estos no pueden demandar a los inversionistas; este arbitramento internacional  no le permite a los nacionales dejar de lado la jurisdicción estatal y concurrir a tribunales internacionales, como si lo pueden hacer los inversionistas extranjeros. Y finalmente se quebranta el debido proceso, porque el laudo arbitral es inapelable y únicamente puede ser recurrido por vicios de procedimiento o falta de honestidad de los árbitros1.   

Por esta razón, por ejemplo, Australia cuando negoció su TLC con USA, no optó por un “mecanismo de solución de controversias inversionista- Estado, lo que le permite seguir resolviendo sus conflictos bajo un mecanismo Estado – Estado en el marco de la OMC2

En Colombia no tenemos memoria y repetimos los errores del pasado una y mil veces. En el año de 1890 celebramos un contrato de obra pública con un inversionista estadounidense, de nombre James L. Cherry. Este consistía en la construcción de unas líneas de ferrocarril para conectar el occidente del país. El inversionista incumplió ante lo cual el gobierno le declaró la caducidad. En 1896 se decidió levantar esta sanción y someter el asunto a un tribunal de arbitramento en los Estados Unidos, para que este dirimiera el conflicto. La integración fue la siguiente: un árbitro por el gobierno, uno por la compañía y otro elegido de común acuerdo entre el ministro de hacienda colombiano y el secretario de estado de USA. Estos dos últimos fallaron el pleito, excluyendo al árbitro escogido por el gobierno nacional. El fallo fue bastante gravoso para el Estado colombiano, quien decidió interponer un recurso de apelación ante la Corte del Estado de Virginia y posteriormente ante la Corte de apelación de Richmond, las que ratificaron la condena. Finalmente el proceso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que se decidió agravar la condena a nuestro país3

Más información:

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1RODRIGUEZ GARAVITO, César. ¿Es constitucional el TLC?. En: Derechos y Economía. Boletín del Observatorio de Derechos sociales y políticas públicas de Dejusticia. No. 1. Enero-Marzo de 2007. p. 8 y 9. CORREA, Juan Santiago. De Buenaventura al Caribe: el ferrocarril del Pacífico y la conexión interoceánica (1872-2012). Bogotá. CESA. 2012.p. 64-65

2Ibid.p. 9

3CORREA, Juan Santiago. De Buenaventura al Caribe: el ferrocarril del Pacífico y la conexión interoceánica (1872-2012). Bogotá. CESA. 2012.p. 64-65-