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Las regulaciones del procedimiento de contratación en los pliegos de condiciones: ¿una novedad en las previsiones de la ley 1882 de 2018?

El artículo sostiene que el Estatuto de la Contratación Pública ya ha establecido la regulación mínima y las condiciones que deber regir el proceso de contratación de manera uniforme. A partir de lo anterior, cuestiona el carácter novedoso de los pliegos de condiciones tipo establecidos con el artículo cuarto de la Ley 1882 de 2018.

17/12/2018

Ciro Nolberto Güechá Medina
Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Alfonso X El Sabio, Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia 
Mágister en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y en Derecho Procesal de la Universidad Libre

El procedimiento administrativo de contratación implica una serie de trámites que están previamente regulados por la Ley 80 de 1993 y por su decreto reglamentario; pero además por el pliego de condiciones, que constituye la reglamentación técnica y administrativa de cada contrato en particular.

Por tal razón, se ha identificado al pliego de condiciones como la ley del contrato, en la medida que contiene las regulaciones que van a regir un trámite de contratación determinado; las cuales deben estar acordes con el reglamento jurídico de los contratos del Estado, es decir con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demás normar relacionadas con la contratación pública.

Si bien, los pliegos de condiciones son elaborados por la entidad pública contratante, se deben respetar en los contenidos mínimos previstos en el Estatuto de Contratación del Estado, lo que significa que ha de existir uniformidad en las regulaciones contenidas en los mismos para el trámite de contratación respecto del cual son elaborados.

En tales circunstancias, la reforma prevista por la Ley 1882 de 2018 respecto de los pliegos de condiciones tipo, en el sentido de unificar o hacer uniforme el procedimiento de contratación, no constituye ninguna novedad, en la medida que los contendidos deben haber venido siendo uniformes, en la medida que el Estatuto de contratación ya ha previsto las regulaciones mínimas que deben contener los pliegos de condiciones, porque si se verifica la nueva regulación, los contenidos no cambian.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la planeación del contrato, las entidades públicas deben haber elaborado los pliegos de condiciones o términos de referencia, que constituyen la guía del proceso y que por tal razón se convierten en la ley del mismo.

Los pliegos de condiciones, determinan los requisitos mínimos para poder participar en el proceso de licitación, selección o concurso, las reglas para la elaboración de las propuestas, las condiciones de costos y calidad de los bienes obras o servicios, reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas, el plazo para la liquidación del contrato 1, los cuales son de obligatorio cumplimiento 2; pero, si las estipulaciones de los pliegos de condiciones son contrarias a los postulados contenidos en el Estatuto Contractual que regulan la materia, se constituyen en ineficaces 3.

Los pliegos de condiciones constituyen la actividad previa al contrato administrativo, expresada en el acto unilateral de la Administración, que determina reglas claras y precisas del proceso de contratación, para hacer efectivo no solo el principio de transparencia sino el de buena fe, que debe asistir a quienes participan en el mismo y así lograr el cumplimiento del objeto del contrato y los fines que se persiguen 4; pero además la selección objetiva del contratista, en la medida que sus regulaciones contienen los criterios de escogencia, lo que significa, que en dicho acto van inmersos de una u otra manera los principios que asisten al procedimiento de contratación, que no son aislados y por el contrario se expresan unos por otros 5.

Por tal razón he querido proponer el siguiente problema de investigación: ¿los pliegos de condiciones tipo son una novedad en la regulación de la ley 1882 de 2018?

Cuestionamiento que se resuelve analizando la naturaleza jurídica, el control de legalidad y el contenido de los pliegos de condiciones, que paso a desarrollar.

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1 El artículo 24 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015 establecen los contenidos de los pliegos de condiciones.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 1989 - N 3712, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, Sentencia de 6 de abril de 1989.

3 El artículo 24 de Ley 80 de 1993 numeral 5 establece: “…serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados”.

4 MONEDERO GIL, José. Doctrina del contrato del Estado, Madrid, I.E.F. 1997, p. 313, citado por Escobar Gil, Rodrigo. Concibe los pliegos de condiciones como exigencia derivada del principio de la buena fe.

5 C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 24715 de 3 de diciembre de 2007, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, deja ver la estrecha relación entre los principios de la contratación estatal cuando dice: “En conclusión, el principio de transparencia, previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 garantiza otros principios, entre los que se encuentran los de imparcialidad, igualdad, moralidad y selección objetiva en la contratación, para lo cual se instrumente procedimientos de selección, con actuaciones motivadas, públicas y controvertibles por los interesados, con el fin de elegir la mejor oferta, razón por la cual cabe remitirse para la debida comprensión de este principio a los comentarios efectuados en torno a aquellos”.