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La responsabilidad patrimonial de los interventores, un nuevo desafío jurídico de la Ley 1882 del 2018

El artículo plantea los retos que supone el artículo segundo de la Ley 1882 de 2018 frente al alcance de la responsabilidad patrimonial de los Interventores.

07/08/2018

Ana María González Becerra

Semillero de contratación estatal.
Universidad de la Sabana.

A partir del 15 de enero de este año entró en vigor la Ley 1882 que presenta diversos desafíos para la contratación pública en Colombia, dentro de estos se encuentra plasmada la responsabilidad de los interventores asesores y consultores en los procesos de contratación del estado. Pero ¿qué implica tal estipulación? La Ley modifica el artículo 53 de la ley 80 y consagra la responsabilidad de los consultores y asesores externos, así como de los interventores en tres ámbitos, civil, penal y fiscal.

Dicha responsabilidad se establece de tal forma que el interventor responde en estos tres presupuestos por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría o consultoría. Sin embargo, ni el artículo 56 de la ley 80 de 1993, que establece la denominación del interventor como un particular que cumple una función pública ni la legislación reciente establece expresamente cómo opera su responsabilidad patrimonial. Igualmente, dentro del nuevo supuesto normativo tampoco queda suficientemente claro si habría lugar o no la misma conforme está establecida en la Constitución del 91.

Dicha responsabilidad “encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, y se configura cuando concurren tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, una acción u omisión imputable al Estado, una relación de causalidad, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, que exige que éste sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la Administración” (sentencia C-880/2000). Bajo este supuesto, se consagra la responsabilidad patrimonial como aquella que recae sobre el estado y la cual, según la sentencia C-333 de 1996, comprende “no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”.

A partir de dicha noción y al no estar plenamente establecido en la norma el papel de esta frente a los interventores, uno de los principales desafíos de la recién implementada Ley 1882 será determinar el alcance de su responsabilidad patrimonial, ya que si bien quedan claramente establecidos los otros tipos de responsabilidad en los cuales puede incurrir el interventor, es evidente que no da un marco de limitación a la responsabilidad consagrada desde la Constitución del 91 en cabeza del Estado.

Es por esto que, una vez determinada la responsabilidad del interventor por el daño derivado del incumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente y determinada su responsabilidad tanto civil como penal y en algunos casos fiscal, es importante aclarar y consagrar expresamente ¿Qué papel juega la responsabilidad patrimonial dentro de la denominada responsabilidad de los interventores?

La Constitución y la Corte Constitucional en su jurisprudencia determinan la responsabilidad patrimonial como aquella que recae en el Estado y que se deriva de sus actuaciones y omisiones. La Corte ha establecido que no tiene distinción alguna y atiende únicamente al cumplimiento del requisito de daño antijurídico imputable al Estado así: “como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública” (sentencia C-333/1996).

Así, siendo la responsabilidad patrimonial del Estado una manifestación del principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos en todos los casos: ¿el Estado responde patrimonialmente en los supuestos en los que se le atribuye responsabilidad a los interventores?, ¿hay lugar a una responsabilidad solidaria del interventor, quien opera con su calidad de particular ejerciendo una función pública, y el Estado? o ¿es precisamente esta calidad especial la que hace que recaiga dicha responsabilidad patrimonial directamente en la administración pública?

En la Ley 678 de 2001, se establece la acción de repetición y el llamamiento en garantía a los particulares que ejercen funciones públicas. Esta norma menciona la facultad del Estado consagrada desde el artículo 90, pero el vacío normativo que plantea la Ley 1882 frente a la responsabilidad patrimonial, que es por la cual el Estado ejerce dicho mecanismo con la intención de que el funcionario público responda patrimonialmente por los daños ocasionados, supone una limitación a la acción de repetición únicamente a los tres presupuestos de responsabilidad expresamente establecidos.

Con todo lo anterior, se evidencia que la norma deja un vacío sobre cómo opera la responsabilidad patrimonial frente a los interventores permitiendo diversas interpretaciones: al estar en cabeza de la administración se podría interpretar como una garantía para que el Estado repita frente al funcionario a la luz de la acción de repetición o, al no estar expresamente consagrada, como una negación de responsabilidad bajo este ámbito, limitándola únicamente a la civil, fiscal y penal.