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La incógnita de la subsanación

En este escrito el autor analiza la normativa del sistema de compra pública para aclarar qué es subsanable y cuándo se puede subsanar conforme a la regulación actual y los cambios introducidos por la Ley 1882 de 2018. Igualmente, expone su complejidad y la incertidumbre innecesaria que genera para los partícipes del sistema.

09/01/2019

Felipe Hadad 
Abogado de la Universidad El Rosario; Especialista en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia;
Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad El Rosario.
Abogado consultor y asesor en asuntos constitucionales, administrativos y de contratación pública y privada, nacional e internacional.
Experiencia en dirección y manejo de procesos de contratación, litigios y arbitramentos.
Profesor Titular de la Cátedra de Contratos Estatales en pregrado, la Cátedra de Equilibrio Económico en la Especialización de Derecho Contractual y Principios de la Contratación Estatal en la Especialización de Derecho Administrativo, Universidad El Rosario

 

La figura de la subsanación tiene algo de parecido al tema de la paz: todos la quieren, pero el problema es cómo alcanzarla y cómo implementarla y es a partir de tal disyuntiva donde se generan las mayores discusiones tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, pero, más importante aún, las erráticas y a veces inverosímiles aplicaciones que de ella realizan los operadores contractuales de turno, dejando una desazón y un ambiente de inseguridad jurídica.

Como país guiado por la cultura del santandereanísmo, que tiene como premisa reaccionar con una andanada de regulaciones frente al acontecer de los hechos, creyendo, ilusoriamente, que con las normas se resuelven los problemas de forma automática, la figura de la subsanación fue la respuesta que, desde la Ley 80 de 1993, se dio al excesivo rigorismo que en su momento detentó el Decreto-Ley 222 de 1983, y que llegó a puntos tan álgidos como rechazar ofertas por aspectos tan ridículos –hoy este sería el apelativo que utilizaríamos– como la ausencia del índice o la falta de numeración de las hojas de la oferta.

Pero como toda reacción en el ámbito jurídico, que nace desde el sentimiento y no desde la razón, fue ambigua y desordenada y provocó más incertidumbres que certezas y un uso errático de la misma, que con los cambios constantes en las disposiciones que la contenía –leyes y decretos reglamentarios– amén, claro está, de los infaltables pronunciamientos del Consejo de Estado, tanto en sede jurisdiccional como de consulta, de los órganos de control –Contraloría General de la República– y los Administrativos –Agencia Nacional de Contratación Pública–, crearon una materia inestable y de difícil asimilación para los receptores (víctimas), estos son, los proponentes y los funcionarios públicos de las entidades estatales contratantes

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