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El registro presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento sino de ejecución del contrato estatal: Consejo de Estado
La Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que la ausencia de registro presupuestal no produce la inexistencia del contrato estatal, ya que no es un requisito de perfeccionamiento sino de ejecución del contrato.
Viernes, Noviembre 28, 2014
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Imagen de sesión parlamentario: Sesión Tercera del Consejo de EStado

En algunos casos suele confundirse la disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal así sean figuras jurídicas distintas. El primer concepto hace referencia a la certificación que expide el funcionario encargado de administrar los recursos de la entidad, el cual establece que en el presupuesto anual de ésta se cuenta con recursos suficientes para atender determinada necesidad que se desea contratar. Por eso el certificado de disponibilidad presupuestal debe hacerse antes de iniciar el proceso de selección del contratista del Estado.

El segundo concepto corresponde al valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y al estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios. Por lo que el contrato debe ser adjudicado para que se pueda expedir el registro presupuestal, ya que se debe conocer el monto exacto por el cual se constituirá la reserva. De esta manera se puede afirmar que el registro presupuestal garantiza que los recursos destinados a un gasto concreto no se desviarán a otro objetivo, así sea útil y conveniente.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, en vigencia de la Ley 80 de 1993, ha sostenido de forma variable dos tesis sobre los requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal. La primera posición se formuló en el auto de 27 de enero de 2000 (Rad. 14.935), en donde se afirmó que para  poder perfeccionar el contrato se debía  elevar a escrito el acuerdo contractual y expedir el respectivo registro presupuestal, pues consideraban que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto) había modificado el artículo 41 de la Ley 80, creando un requisito adicional de perfeccionamiento de los contratos estatales. La segunda posición se expuso en varias sentencias (febrero 3 de 2000 –Rad. 10.399– y abril 6 de 2000 –Rad. 12.775–), donde se estableció que para perfeccionar un contrato estatal sólo se debía satisfacer los requisitos del inciso 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, a saber: acordar el objeto y la contraprestación y elevarlo a escrito.

Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que la primera posición no es correcta, pues el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 establece que el registro presupuestal será un requisito de perfeccionamiento de actos administrativos y, como es sabido, el contrato estatal no es un acto administrativo sino una figura jurídica distinta. El contrato es un acto bilateral mientras que el acto administrativo es una declaración unilateral de la voluntad de la administración. Por lo tanto, no se puede sostener que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 modificó el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, pues éste aplica para los actos administrativos pero no para los contratos estatales. Además con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se corrobora que el registro presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento sino de ejecución del contrato estatal, como lo establece el artículo 23. Así pues, se puede afirmar que la ausencia del registro presupuestal no produce la inexistencia del contrato sino su inejecución.

Finalmente la Sección Tercera sostuvo que la sanción que se obtiene por no expedir el registro presupuestal no afecta al acto o al contrato sino a la persona que incumple con dicha obligación. Por eso el inciso final del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 establece que “cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecunaria a cargo de quien asuma estas obligaciones”. De tal forma se evidencia que la omisión de expedir el registro presupuestal no se sanciona con la nulidad sino que el funcionario público competente responderá desde el ámbito disciplinario, penal, fiscal y patrimonial.