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Consejo de Estado: Diferencia entre capacidad legal de una persona jurídica y las limitaciones de un representante legal
Son dos cosas completamente diferentes la falta de capacidad legal de la persona jurídica que quiere participar en un proceso de selección, de las limitaciones que podría tener un representante legal frente a sus facultades para contratar con el Estado: Consejo de Estado
Viernes, Diciembre 19, 2014
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Imagen: Sesión del Consejo de Estado

La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que son dos cosas completamente diferentes la falta de capacidad legal de la persona jurídica que se hace parte del procedimiento licitatorio y la restricción a la libertad de su representante legal para contraer obligaciones en su nombre por falta de autorización del órgano social competente. Dado que son circunstancias que en ambos casos generan efectos jurídicos distintos.

En repetidas ocasiones la Sección Tercera ha sostenido que la capacidad legal o de ejercicio es la aptitud jurídica para poderse obligar válidamente una persona por sí misma sin la autorización de otra. Por eso es necesario ostentar la capacidad legal cuando se presenta una oferta en un proceso de selección, ya que “es evidente que ésta debe tenerse al momento de realizar la propuesta para poder ser tenido en cuenta”. De manera que cuando se presente la oferta no sólo debe tenerse dicha capacidad sino que además debe demostrarse.

Por el contrario, la representación es la facultad que tiene una persona natural o jurídica de actuar, obligar y obrar en nombre o por cuenta de otro. La naturaleza de esta consiste “en el ejercicio por el representante de los derechos del representado, declarando su voluntad y radicando los efectos jurídicos de los actos que celebre con terceros en éste, dentro del límite de sus poderes”. Así pues, la representación permite ejercer la capacidad legal de ciertos sujetos que en principio sin ésta no podrían hacerlo, como los incapaces o las personas jurídicas.

Por consiguiente, la Sección Tercera concluye que son distintos los efectos jurídicos que se generan de la situación de que una persona no tenga capacidad legal al momento de presentar la oferta dentro de un proceso de selección del contratista del Estado, a los que se producen del hecho de que su representante legal se encuentre limitado en sus facultades para comprometerla. Dado que en el primer escenario la falta de capacidad del proponente es un vicio de carácter insubsanable, pues ésta es un requisito habilitante para participar en el proceso de selección y debe demostrarse al momento de presentar la oferta, para evitar el rechazo de la misma. En cambio en el segundo escenario, la no acreditación al comienzo del proceso de las autorizaciones que se requieren para representar y comprometer a la persona jurídica serán subsanables y no implicarán el rechazo de la propuesta, siempre y cuando, el proponente hubiese contado con dichas autorizaciones antes de la presentación de la oferta o le hubiese sido ratificado el respectivo acto (artículo 884 del Código de Comercio).